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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a organizaciones de medios comunitarios y universidades nacionales, reclamaron a Cristina Kirchner “participación ciudadana” en la elaboración del decreto reglamentario de la ley de medios audiovisuales. Reconociendo el “debate sustancial” que tuvo lugar antes y durante el tratamiento legislativo de la norma, estas ONG piden ahora un “procedimiento participativo” en este próximo paso. En el oficialismo ya anticiparon la voluntad de incorporarlos a los debates previstos y esperan la reglamentación para mediados de marzo.
En una carta enviada a la Presidencia de la Nación, los firmantes reconocieron la participación de la sociedad civil en las consultas de años anteriores como “esencial para lograr la reforma del sistema de medios de servicios de comunicación audiovisual en el país” por primera vez desde la vuelta de la democracia. Ahora, las organizaciones reclaman una instancia de debate y participación para la elaboración del reglamento de esa misma ley. “El objetivo de este pedido –sostuvieron– debe considerarse como una continuación de aquellas estrategias o acciones que colaboraron en la sanción de la Ley 26.522.”
En ese sentido, las organizaciones citaron el decreto 1.172/03, de Elaboración Participativa de Normas, que permite el involucramiento de sectores interesados y de la ciudadanía en general por medio de consultas no vinculantes. Los firmantes se muestran “convencidos de que garantizar la participación ciudadana contribuirá al fortalecimiento y consolidación del proceso de implementación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
“Lo que le pedimos al Ejecutivo es que antes de aprobarlo establezca un procedimiento participativo”, resume Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, organización que presentó la carta junto a AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), la Universidad Nacional de Quilmes, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús y la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata.
Frente al reclamo, fuentes de la Secretaría de Medios confirmaron que ayer se realizó una reunión a la que asistieron miembros de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Allí, frente a más de treinta organizaciones, se confirmó la voluntad oficial de abrir distintos mecanismos de consulta y sumarlos al debate. El director nacional de Supervisión y Evaluación del ComFeR, Gustavo Bulla, confirmó el trabajo conjunto entre Gobierno y organizaciones sociales en la reglamentación de la ley, la cual estima “para mediados de marzo”.

fuente: Pagina 12

El Jefe de Gobierno Mauricio Macri ha sido citado por la Justicia. Desde ese momento su reacción ha sido cuestionable: desacreditó al juez, se victimizó politicamente y recurrió a la teoría mas citada en estos casos: el complot. Según sus declaraciones, la indagatoria se llama “palos en la rueda” y su relación en las escuchas telefonicas realizadas por funcionarios de su confianza, “historias fantasiosas”. Cualquier ciudadano requerido por su relación con una “asociación ilícita” desearia aclarar su situacion y declarar lo mas rapido posible. Cualquier politico que deseara evitar los efectos negativos y los costos de una citación de este tipo, desearia afrontar el tema en el mas breve plazo.

Sin embargo, Mauricio Macri no solo no se ha hecho cargo de su responsabilidad politica, fruto de una bateria de decisiones desacertadas en el marco de su politica de seguridad y de la creacion de la Policia Metropolitana, sino que parece no ver la verdadera dimensión de la crisis que esta situación genera: ha decidido no suspender su periplo por la India y solicitar que se postergue su indagatoria.

La terquedad para no asumir sus responsabilidades políticas solo puede ser evaluado por la ciudadanía. Pero su desinteres en asumir sus obligaciones judiciales afecta la renombrada, y citada hasta el hartazgo, calidad institucional.

Solicitar la remocion del juez y ganar unos dias con un viaje al exterior, no son señales que vayan en el sentido correcto. Parecen, mas bien, intentos desesperados por embarrar la cancha y convertir un hecho institucional, solicitado por un juez y apoyado por la Camara, en un hecho politico que en nada aclara la situacion denunciada: la responsabilidad judicial de un Jefe de Gobierno en las escuchas ilegales que una serie de sus funcionarios de confianza realizaron con la protección y los recursos de la estructura estatal.

Gonzalo Ruanova
Legislador Porteño
Bloque Nuevo Encuentro

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